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Diciembre 9, 2021
País

Corte Suprema envía al Senado informe sobre proyecto de ley que suspende embargos y lanzamientos por emergencia sanitaria

Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema –el lunes 16 de agosto pasado– analizó el proyecto de ley que: “Dispone la suspensión, por el período que indica, de las medidas judiciales de embargo de bienes y de lanzamiento, en razón de la emergencia sanitaria que vive el país”. Informe que fue remitido a la Comisión de Economía del Senado el lunes 23 de agosto.

 

“En términos generales, las reglas aplicables a los embargos, lanzamientos, remates y subastas públicas distinguen la naturaleza del bien en cuestión –calidad de mueble o inmueble– para determinar los alcances de la suspensión”, sostiene el informe.

 

Para el pleno de ministros: “Quizás el punto más relevante consiste en que respecto de los bienes inmuebles la suspensión pareciera operar por el sólo ministerio de la ley –dado que no se señala que debe ser solicitado o siquiera declarado de oficio por el juez–, mientras que respecto de los bienes muebles por expresa disposición opera sólo previa solicitud del perjudicado y acreditación por parte de éste de los requisitos exigidos por el proyecto”.

 

“Si se entiende que la aplicación por el solo ministerio de la ley de la suspensión, implica actuación oficiosa de los tribunales, se generará una seria dificultad, pues provocará que los tribunales deban determinar, caso a caso, qué bienes raíces quedarán o no sujetos a las reglas, aún sin solicitud de parte interesada, lo que redundará en una alta carga de trabajo.

Dada la magnitud del volumen de las ejecuciones presentes en los tribunales –civiles, de familia, laborales y de cobranza laboral y previsional–, y el retardo ocasionado por las suspensiones legales en la tramitación de las causas que se siguen ante ellos, se puede adelantar que los tribunales no darán abasto para cumplir estas nuevas exigencias sin afectar los tiempos razonables de respuesta de los demás asuntos de su competencia. Este es un punto que requiere ser especialmente considerado y corregido por los colegisladores”, advierte el informe.

 

Asimismo, plantea que: “Se observa que no resulta claro si dicha regla se aplicará sólo a los inmuebles no habitados usados como vivienda principal o si se extenderá también a aquellos destinados al uso comercial.

La proposición de la regla resulta un tanto inoficiosa, pues si el inmueble no se encuentra habitado, no cabe suspensión alguna y siempre sería embargable”.

 

“En primer lugar, se observa que la redacción es confusa, pues no permite discernir si se suspenderán remates de bienes muebles e inmuebles o sólo estos últimos, considerando que en la hipótesis de la regla citada el deudor es un arrendatario, respecto del cual se podría concluir con cierto grado de certeza que en la mayoría de los casos serán bienes muebles los destinados a ser rematados para pagar su acreencia”, añade.

 

“En segundo lugar –prosigue–, cabe tener en consideración y reiterar, que los arrendatarios que adeuden diez más meses de renta, contados desde la declaración del estado de excepción constitucional del 18 de marzo del 2020, no se verán beneficiados por la suspensión de los remates de los bienes necesarios para pagar su deuda, en circunstancias que otros a deudores que podrían adeudar sumas mayores o cuyo incumplimiento pueda ser más lesivo para su acreedor podrán beneficiarse de la suspensión”.

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