Comunicado de Prensa
La diputada por la Región de O’Higgins, Natalia Romero, presentó esta mañana un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que puedan investigar la grave denuncia que realizó esta semana el exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe, quien acusó al Gobierno de haber “alterado” la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) al no llevar a cabo dicha medición entre septiembre y diciembre de 2022, tal como se solía hacer en los años anteriores.
Al respecto, la exautoridad sostuvo en una entrevista que “es muy grave que la actual administración alteró la fecha de toma de muestras, cosa que no había hecho ningún gobierno en los últimos 15 años”, detallando que “no tomaron (la) medida entre septiembre y diciembre del año pasado”, de manera que “nos van a dar los resultados de la encuesta y, probablemente, vengan ‘a la baja’, pero no son comparables”, finalizando con que “el daño que se hizo a la estadística criminal es muy alto”.
Por lo mismo, además de recurrir al órgano contralor, la parlamentaria por el Distrito 15 también envió un oficio de fiscalización al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y a la Subsecretaría de Prevención del Delito, para que justamente puedan referirse a lo denunciado por la exautoridad.
“Lo que ha señalado el exsubsecretario Felipe Harboe es de la máxima gravedad. Todos sabemos cuál es la situación delictual de nuestro país en este minuto, de manera que no haber realizado esta medición, en tiempo y forma, termina provocando la pérdida de datos fundamentales para saber cómo se está comportando la delincuencia y el crimen organizado en Chile y también en regiones como O’Higgins. En 15 años, ningún gobierno se había atrevido a modificar las fechas en que se realizaba esta importante encuesta, porque esa es la única manera que existe para comparar los datos y así definir las políticas públicas que se requieren”, cuestionó la diputada Natalia Romero.
Por lo mismo, la parlamentaria por O’Higgins aseguró que “hemos decidido recurrir a la Contraloría General de la República para que pueda investigar las eventuales faltas a la probidad administrativa que podrían existir, como también hemos oficiado al INE y a la Subsecretaría de Prevención del Delito, porque tienen la obligación de explicar por qué hicieron estos cambios que se denuncian”.
“Estamos viviendo una ola de violencia y delincuencia que no habíamos visto antes, y por eso es fundamental que tengamos cifras reales y actualizadas, sobre todo cuando estamos hablando de la sensación de inseguridad y el temor que tienen los chilenos. Si no tenemos esa información, costará mucho enfrentar de manera efectiva a la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, de manera que esperamos que en el Gobierno puedan explicar muy bien esta denuncia y que no estemos enfrente de una administración que modifica los datos a su conveniencia”, sostuvo Romero.
